Pocas horas han trans-currido desde que la Corte de Constitucionalidad amparó al abogado Francisco García, defensor del general Efraín Ríos Montt, y anuló la sentencia de 80 años de prisión por genocidio que un tribunal había impuesto al militar. García recusó a la jueza Yassmin Barrios, señalándola de tener grave enemistad legalmente comprobada con él, un tema que debió ser resuelto oportunamente; sin embargo, ella violó intencionalmente la norma procesal y conoció el proceso. Por eso la CC ordenó regresar el caso al momento procesal del 19 de abril pasado.
El Organismo Judicial considerará las pruebas de enemistad presentadas por el abogado García y decidirá si la jueza tiene capacidad para actuar imparcialmente, un tema que a estas alturas está más que claro y hace pensar en la inminente separación de la jueza.
Debemos entender algo: lo ocurrido no es una declaración de inocencia, simplemente se están buscando las condiciones procesales que garanticen la existencia de jueces imparciales, para calificar testimonios y peritajes con el máximo rigor procesal.
La actuación de la CC protege rigurosamente el debido proceso, tal y como ocurriría en cualquier parte del mundo. Sin corregir estos defectos graves, la sentencia era extremadamente frágil, pues ha quedado en evidencia que la jueza no fue objetiva, limitó el derecho de defensa y estaba plena e irracionalmente identificada con la parte acusadora, tal y como se aprecia en los reportes de prensa.
Por eso es que el drama del juicio por genocidio llega así a otro momento crucial. Si la anulación de la sentencia de la jueza Barrios ya conmocionó a la opinión pública, local e internacional, más lo puede hacer el curso que tome el juicio: salió a luz la fragilidad de un sistema que aunque cometa errores gravísimos sigue adelante porque no hay quién corrija oportunamente las malas prácticas.
Ahora se esperan momentos diferentes porque acusadores y defensores ya saben que a pesar de contar con la jueza Barrios no pudieron comprobar la acusación de genocidio con los elementos de prueba ya presentados. De hecho, nada de extraño tendría la incorporación de nuevos recursos de la defensa porque el proceso debe depurarse y han quedado al descubierto aspectos delicados, como la presentación por parte de la Fiscalía, de cuando menos un testigo falso, el testigo protegido que se dijo ser kaibil y quien ahora deberá también ser procesado por falso testimonio.
Si todo esto ya es difícil, oportuno es señalar que la justicia guatemalteca enfrentará la presión de los activistas desde el exterior. Lo bueno es que la actuación de la CC ha protegido el sistema de justicia, y con ello la dignidad de la Nación. Ha actuado de conformidad con la doctrina universal del derecho, al anular una sentencia que está contaminada por serias y evidentes violaciones al debido proceso.
Para los acusadores, el proceso está cuesta arriba: deben probar una acusación excepcionalmente compleja, cuya evaluación doctrinaria ya no es ajena a la comunidad jurídica del país, mucho menos ahora que la exacerbación social y política provocada por la actuación de la jueza Barrios dejó en total alerta a la defensa y a la opinión pública en general, hoy peligrosa e innecesariamente polarizada.
Quiero creer que de este difícil momento algo bueno sale para la justicia. La CC ya tuvo el valor de tomar una decisión importante al enmendar un proceso jurídico que marcará la historia.
Guatemala,22 de Mayo, 2013
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